El Parlamento Europeo (PE) debatirá este lunes y votará el jueves próximo una moción de censura contra la Comisión Europea (CE) que preside Ursula von der Leyen. La iniciativa no tiene visos de prosperar pero, de hacerlo, forzaría a la dimisión en bloque de todo el Ejecutivo comunitario y a la elección, de nuevo y país a país, de los comisarios correspondientes, que apenas llegaron al cargo en diciembre pasado. La clave está en el voto de los dos tercios del total de sufragios emitidos en el hemiciclo (361), que se necesitan para sacarla adelante.
La gravedad de las posibles consecuencias y el daño que hace el proceso a la imagen de la política alemana contrastan con el origen minoritario de la propuesta, planteada por un eurodiputado ultraderechista, populista y antiEuropa, Gheorghe Piperea, del partido Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR). Básicamente, quiere desgastar la imagen de Von der Leyen y, de paso, de las instituciones comunitarias (de las que cobra). Además, ayuda así al líder de su formación, George Simion, que perdió las elecciones en mayo, cuando era el favorito. El candidato proUE Nicușor Dan ganó la segunda vuelta de los comicios.
La moción comenzó siendo respaldada por 74 eurodiputados pero se ha quedado en el mínimo posible de 72 (un 10 % de los 720 eurodiputados), después de que dos retiraran su firma esta semana. Ahora queda por delante el debate en sí, el lunes a última hora de la tarde, los tres días de incertidumbre y la votación al fin, el jueves, a mediodía.
Las razones
La moción impulsada por Piperea critica, sobre todo, la falta de transparencia de la presidenta de la Comisión con los mensajes de Whatsapp que intercambió con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Boula, durante la pandemia y la negociación con esta farmacéutica para la compra de vacunas contra el coronavirus.
El caso se remonta a 2023, cuando el diario norteamericano The New York Times denunció ante la Justicia europea la negativa de Bruselas a revelar el contenido de esos mensajes. La existencia de los mismos fue revelada por el propio Bourla en una entrevista a este medio en 2021, pero los servicios comunitarios, que inicialmente no admitieron que existieran, indicaron después que su contenido no era relevante y fueron borrados, por lo que no era posible compartirlos. El Times los pidió repetidamente para informar de ellos a la ciudadanía, sin resultado.
La Comisión fue cambiando de discurso y eso, hoy, genera lagunas: alegó inicialmente que los mensajes no calificaban como «documentos», según su normativa interna, debido a su carácter efímero, por lo que no tenía por qué guardarlos, pero mantuvo la ambigüedad sobre su existencia y, al mismo tiempo, negaba su importancia. Esto generó sospechas de que simplemente no los buscó realmente, a pesar de las reglas que se aplican a las Administraciones de la UE respecto a las obligaciones de transparencia.
Bruselas cerró en mayo de ese año el primer acuerdo con BioNTech y Pfizer para contar con 900 millones de vacunas contra el coronavirus para toda la UE, en el periodo 2021-2023, y una opción de compra para otra partida equivalente, por lo que la operación podía llegar a la compra de hasta 1.800 millones de dosis. Se trata del contrato más grande que la UE ha firmado jamás, según el Tribunal de Cuentas Europeo.
Ya en 2022, la Defensora del Pueblo de la UE instó sin éxito al Ejecutivo comunitario a informar de los mensajes entre Von der Leyen y Bourla, en aras de las reglas de transparencia que se aplican a la Comisión, y advirtió de que cuando se trata del derecho de acceso público a documentos de la UE «es el contenido lo que importa y no el soporte o la forma», descartando así que el simple hecho de ser mensajes de texto determinara que fueran irrelevantes.
Saltamos a ya a mayo de este año, cuando el Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión de la Comisión Europea de denegar el acceso a los mensajes. Reclama «explicaciones creíbles», dice que la CE «no cumplió» con su obligación de explicar bien qué pasó con ese contenido, si había sido una destrucción voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de la presidenta había sido sustituido en ese intervalo de tiempo, quizá.
Mientras se espera a ver en qué queda esta llamada al orden, es innegable que se trata de un revés político importante para la exministra de Defensa germana. La Comisión, que tiene dos meses para apelar, probablemente tendrá que reconsiderar las solicitudes de acceso, realizar búsquedas adecuadas y presentar nuevos argumentos legales sobre esa información. Y puede que el proceso obligue a la reforma de ciertas prácticas administrativas internas.
Momento de debilidad
Las intenciones del europarlamentario Piperea están claras y, por eso, ni siquiera La Izquierda, el grupo que más crítico ha sido con el llamado Pfizergate, ha apoyado la moción. Saben que es una maniobra publicitaria y eurófoba para meter el palo en las ruedas de Bruselas.
El ultra rumano niega la mayor e insiste en que su motivación es únicamente aportar transparencia a la «burocracia de Bruselas». «Será sensacional ver cómo Ursula von der Leyen justifica las acusaciones en la moción, especialmente porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó recientemente a la Comisión que publicara los detalles de sus negociaciones sobre los contratos con Pfizer», dijo.
Este teatro no resta para que exista incomodidad ante lo que se va a vivir esta semana: ya es bastante duro que un tribunal saque los colores a la CE como para que también tenga que arrostrar todo un debate en pleno en el Parlamento comunitario, cuando las cosas no están especialmente bien entre Von der Leyen y el hemiciclo.
«La relación entre el Parlamento Europeo y la Comisión Von der Leyen no pasa por su mejor momento, lastrada después de que Bruselas haya excluido a los eurodiputados de la negociación del fondo europeo de 150.000 millones de euros para financiar compras conjuntas en defensa o suspendido las negociaciones sobre la futura ley europea contra el ecopostureo», explica EFE.
Pero es mucho lo que se necesitaría para que la moción saliera, por mucho que uno de cada cuatro escaños sean hoy de partidos de extrema derecha. Ni siquiera los grupos en los que se aglutinan han votado de forma pareja ante esta iniciativa. Euractiv se ha hecho con la lista de quienes votaron a favor del proceso y ha expuesto, por ejemplo, que no han ido a una en el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR, liderado conjuntamente por Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y el partido Ley y Justicia de Polonia), en el que 31 diputados de 79 que tienen han ido contra Von der Leyen. Interesante, porque la italiana es quien lleva las riendas y estamos hablando de dispararse al pie, directamente.
La lista completa de firmantes incluye legisladores de ECR, el Partido Popular Europeo (PPE, al que pertenece la propia presidenta de la CE), Patriotas por Europa (en el que está el español Vox), el grupo de extrema derecha Europa de las Naciones Soberanas y un puñado de miembros de la Eurocámara no afiliados. A la hora de la votación, ahora se está estudiando cómo proceder.
Los grupos de centro (populares, socialdemócratas y liberales) renovaron su apoyo a Von der Leyen y a su equipo de comisarios hace menos de un año y han dejado claro ya que estarán con ella. Tampoco es probable que Los Verdes vayan a ponerse en contra y tampoco en La Izquierda. «No colaboramos con los grupos de extrema derecha que últimamente han apoyado de facto la agenda de von der Leyen y luego fingen estar enfadados con ella», dicen a POLITICO.
La respuesta, el jueves.
