El mapa de la homofobia en el mundo: quién criminaliza aún el amor y la libertad

Mes del Orgullo LGTBIQ+, tiempo de festejar la diversidad y la libertad, pero también tiempo de pelear por lo pendiente. El Occidente que se vanagloria de apertura y respeto retrocede a zancadas gracias a la agenda de la ultraderecha, mientras que en un 33% largo de los países del mundo, especialmente en África y Asia, hay gobiernos que aún criminalizan el amor, en los que querer fuera del estándar sagrado es cosa de multas, cárcel y hasta muerte. 

Las detenciones y los enjuiciamientos por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, o por expresiones de género diversas, continúan sin cesar en todo el planeta, como evidencian un año más las estadísticas de referencia en la materia, las de ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales), dadas a conocer el 31 de mayo pasado. 

«Múltiples tormentas azotaron el movimiento LGTBI durante los últimos 12 meses, incluyendo el auge de movimientos autoritarios y de extrema derecha, los constantes esfuerzos por debilitar las instituciones multilaterales y las importantes reducciones en la financiación de los movimientos LGTBI», resume la organización internacional. 

La conclusión es que estas personas «siguen enfrentando dificultades para acceder a sus derechos fundamentales» más básicos, como tendencia general. En particular, «se han intensificado las amenazas a su vida y dignidad», denuncia, «aunque se han seguido logrando avances incluso en medio de esta grave crisis», porque la tendencia, por fortuna, es a la baja desde 2017, con entre una y tres naciones por año que, al fin, reforman sus normas y sus códigos penales para dejar de considerar delito lo que no lo es (Francisco dixit). Demasiado lento. 

Los gobiernos suelen argumentar que las leyes criminalizantes están «inactivas», pero su informe ofrece pruebas de que tales afirmaciones son, en gran medida, inexactas. «El modo -y la frecuencia- con que se aplican puede variar bruscamente y de forma imprevisible, lo que hace que tanto nuestras comunidades sobre el terreno como les solicitantes de asilo que consiguieron huir vivan perpetuamente bajo amenaza», señalan sus autores.

Julia Ehrt , directora ejecutiva de ILGA World, alerta de que «los logros de la última década en materia de igualdad de género, autonomía física, derechos de las personas LGTBI y rendición de cuentas gubernamental están amenazados», por lo que «deben ser defendidos y serán defendidos».

Las denuncias país a país que se incluyen en su balance las puedes leer en este mapa interactivo:

Los grandes datos del año

En su recopilación de este año, ILGA destaca que hay 64 Estados miembros de las Naciones Unidas que penalizan los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. Son un 33,1% de los 193 totales, con 129 que no lo hacen. La pena de muerte es la legalmente establecida para los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en siete Estados miembros. En otros cinco, no existe plena seguridad jurídica para los procesados. 

Al menos 61 Estados miembros de la ONU tienen leyes, normas y reglamentos que limitan la libertad de expresión relacionada con cuestiones de diversidad sexual y de género, lo que añade censura, autocensura, multas y silencio. Una realidad de la que no se puede hablar siquiera. Otros tantos países, además, presentan barreras legales a la libertad de asociación cuando registran y operan organizaciones que defienden abiertamente los derechos de las personas LGTBIQ+.

Hasta 17 Estados que se sientan en la Asamblea de Nueva York han prohibido las terapias de conversión a nivel nacional, mientras, siete tienen regulaciones indirectas y seis sólo prohibiciones subnacionales.

La igualdad matrimonial entre personas del mismo sexo es una realidad en 37 Estados miembros de la ONU, más Taiwán (que nunca ha declarado su independencia). Más: nueve naciones miembros prohíben las intervenciones médicas no vitales en niños intersexuales y dos han promulgado restricciones a nivel subnacional.

Finalmente, registra ILGA, 18 Estados miembros de la ONU permiten el reconocimiento legal de género basado en la autodeterminación a nivel nacional.

Por continentes, África es el que más países que criminalizan esta igualdad, con 31, frente a 23 que no lo hacen. Le sigue Asia, con 21 contra 21, empate. En Europa no hay ningún país que persiga a la comunidad LGTBIQ+, frente a 48 que dan plena libertad (aunque lleguen amenazas ahora como en Hungría). En el continente americano, se ubican seis de los estados que crimilalizan y penalizan (contra 29 que no lo hacen) y en Oceanía, seis más (ocho que no). 

«Una ola de ataques sin precedentes».

La mirada al último año trae de cal y de arena- Desde junio de 2024, Dominica y Namibia han despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario se hizo realidad en Tailandia y Liechtenstein y la última «zona libre de LGTBI» que quedaba en Polonia finalmente desapareció. Más de un millón de personas se unieron a una iniciativa ciudadana para prohibir las «prácticas de conversión» en toda la Unión Europea (UE). Todo eso son logros de calado. 

Pero junto con estos avances positivos, las comunidades LGTBIQ+ –y especialmente las mujeres y las personas trans e intersexuales– se han enfrentado a «una ola de ataques sin precedentes». «Organizaciones de todo el mundo se han visto obligadas a cerrar sus operaciones debido a la congelación de la ayuda y los recortes de financiación», mientras que países reaccionarios o con líderes ultrarreligiosos apretaban más el puño: Malí criminalizó las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y Trinidad y Tobago revocó su fallo de despenalización; en Reino Unido, el Tribunal Supremo ha restringido la definición de «mujer» en la Ley de Igualdad, mientras que Georgia introdujo una prohibición total de toda forma de representación y reunión LGTBIQ+. 

Hungría también ha reformado su Constitución para prohibir las reuniones del Orgullo, aunque este año se ha celebrado de forma masiva para retar al Gobierno ultra, que sigue afirmando que «un ser humano es hombre o mujer» y que los niños se pueden ver negativamente afectados por marchas como la de la semana pasada. Su apuesta es por eliminar las protecciones sobre la identidad de género.

Y luego están los Estados Unidos de Donald Trump, que está firmando proyectos de ley y órdenes ejecutivas que «contribuyen a hacer la vida imposible a las personas trans e intersexuales» bajo el falso pretexto de «defender a las mujeres». En Vanuatu, la Constitución podría reformarse pronto para reconocer únicamente dos sexos al nacer, que es una «realidad biológica» que también defiende Trump. En Perú, el Congreso Nacional aprobó una ley que establece una pena de prisión para «cualquiera que exponga a jóvenes a contenido sobre diversidad sexual». Y en Argentina, el gabinete de Javier Milei modificó la Ley Nacional de Identidad de Género mediante una orden ejecutiva cuya legalidad ahora está siendo cuestionada, prohibiendo el acceso a la atención que afirma el género a las personas menores de 18 años.

A medida que cambia la financiación global para los derechos LGTBIQ+ -con importantes fundaciones recortando su apoyo y recortes en la financiación gubernamental desde 2024-, los datos vitales sobre la llamada comunidad gay y la investigación comunitaria «corren grave riesgo». Por ejemplo, en EEUU, todo lo que suene políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) está siendo descartado, tanto en el sector público (empezando por las universidades) como en el privado (las empresas). 

La Base de Datos LGBTI global de ILGA World, que es un recurso clave que documenta leyes, derechos y realidades vividas en todo el mundo, «necesita urgentemente un mayor apoyo individual y filantrópico» porque sin nueva financiación, «ésta y otras fuentes esenciales de datos podrían desaparecer, borrando décadas de progreso y silenciando a las comunidades marginadas». Sin ellas, no sabremos cómo avanza el mundo. Con los datos del último año en las manos, ya se ve el foso profundo de la desigualdad. Sin observadores, iremos a ciegas.