«Orgulloso» es una palabra que no se le cae de la boca a Donald Trump. Lo está de ser presidente de Estados Unidos «con una mayoría nunca vista» (falso, pero bueno), de «inventar el MAGA» (el Make America Great Again, su hoja de ruta ultraderechista), de «ser provida» (o sea, antiaborto y antiderechos de las mujeres), de «ayudar a Los Ángeles a sobrevivir» (aunque sea echando a sus migrantes y llevando al ejército a sus calles), de «lograr la paz entre Israel e Irán» (apenas una tregua, a base de bombas contra silos nucleares). El republicano no necesita que nadie le dé palmadas en la espalda. Todo lo hace bien, a sus ojos.
Orgulloso está, también, de perseguir al «wokismo gay» y las «tonterías transgénero«, de haber convertido a la comunidad LGTBIQ+ en la diana de sus críticas y hasta de sus chistes. En la campaña electoral que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca ya dejó claro que el negacionismo estaría en la base de su mandato: sólo existen dos sexos (fijados al nacer, pura biología, dice), sólo hay dos géneros, y una buena familia se forma con un ejemplar de cada, sin mezclas. La «ideología de género» es el «oponente» a batir y en ello está, llevando la igualdad y los derechos humanos a un agujero oscuro del que habían salido hace décadas.
No siempre fue así. Cuando se postuló por primera vez para un cargo público, el entonces empresario inmobiliario y del ocio Donald Trump parecía ser un nuevo tipo de republicano en lo que respecta a los derechos de los homosexuales, marcadamente más abierto y tolerante. Años antes, incluso había anulado las reglas de su propio concurso de Miss Universo para permitir la participación de una concursante trans y afirmó que Caitlyn Jenner podía usar cualquier baño de la Torre Trump que quisiera. Como mandatario, fue el primero nombrar a una persona abiertamente gay para un puesto en el Gabinete: Richard Grenell, director de Inteligencia Nacional.
Pero desde que regresó al cargo este año, el 20 de enero, Trump ha participado en lo que, según los activistas de su país, constituye «un ataque sin precedentes contra la comunidad LGBTQ+». La amenaza de la Casa Blanca contrasta con las celebraciones del Orgullo Mundial que se celebran estos días y que también llegaron a la capital de EEUU, Washington, el pasado 7 de junio. Hubo desfile y hubo manifestación. Y también temor, por todos los logros que se desmoronan.
«Estamos atravesando el período más oscuro desde el punto álgido de la crisis del sida», afirma Kevin Jennings, director de Lambda Legal, una organización de defensa del colectivo con una larga trayectoria, de referencia en EEUU. «Me preocupa profundamente que nos lo arrebaten todo en los próximos cuatro años», dice sin tono alarmista, sino realista. Tan a flor de piel está la amenaza que su ONG ha lanzado la campaña Unstoppable Future (Futuro Imparable), que ha recaudado 285 millones de dólares, lo que la convierte, por lejos, en la iniciativa de búsqueda de fondos más grande en la historia del movimiento LGBTQ+. Son cien más de los que inicialmente habían calculado para plantar batalla «seriamente» a las leyes de Trump.
«Estamos más preparados que nunca para desafiar a quienes pretenden despojarnos y atentar contra nuestra libertad», dice el directivo. «Hay demasiado en juego para nuestra comunidad y, antes de las elecciones de 2024, sabíamos que necesitábamos empezar a preparar una respuesta contundente a las amenazas, una que sentara las bases para superar no sólo este momento, sino también el futuro», explica. Si han peleado 50 años, dice, podrán hacerlo 50 más, aunque asume que cuesta encajar que haya que «empezar de nuevo» en algo que se creía prácticamente superado.
Los cambios políticos, se duele, vienen acompañados de una corriente general que penaliza también a la comunidad. «Estamos viendo mucha cobardía por parte del sector empresarial estadounidense en este momento. Mucha gente, que hace dos años estaba deseando poner un arcoíris en su logotipo, ya no firma cheques», denuncia Jennings. Y eso no es que afecte a que haya un desfile más o menos vistoso en una ciudad, sino a que fallen los «sistemas de protección legal o médica o familiar». «Lamentablemente, el sector empresarial estadounidense, del que muchos grupos han dependido, se ha dado por vencido en algunos casos», insiste.
Le espanta, aparte de esa soledad, la «la profundidad y rapidez» del cambio que imprime Trump. «Los ataques anti-LGBTQ+ continúan a toda velocidad este año, con 59 leyes ya aprobadas y seis órdenes ejecutivas dirigidas a los derechos LGBTQ+ y a las personas que viven con VIH/SIDA desde principios de 2025», detalla. «Incluyen ataques directos contra las comunidades LGBTQ+, en particular contra las personas transgénero, los jóvenes y las familias, cuyas vidas, dignidad y seguridad se verían aún más amenazadas en este momento tan delicado, cuando más de dos docenas de estados ya han aprobado leyes anti-LGBTQ+ desde 2022», detalla.
La administración Trump se dirige, entre otros, contra las personas transgénero e intersexuales, especialmente contra los jóvenes, «negándoles el acceso a instalaciones públicas esenciales, programas escolares y la misma atención médica recomendada por médicos que está disponible para sus pares cisgénero, programas y protecciones contra prejuicios en el lugar de trabajo, también un simple documento de identidad correcto». El impacto de estas acciones, teme, «será devastador», porque «eliminará el acceso a la atención médica, debilitará las protecciones laborales contra el abuso, propiciará la exclusión y el acoso de niños y niñas escolares vulnerables y dará luz verde a la discriminación en la vida pública». «Ya está empezando a pasar, ya es una realidad, aunque hay medidas que tardan in tiempo en implementarse -reconoce-. Así que nos vemos en los tribunales».
Los defensores de Trump insisten en que el presidente no ha actuado de forma discriminatoria contra nadie y señalan supuestas encuestas públicas que muestran un amplio apoyo a políticas como las restricciones a los atletas transgénero. «Está trabajando para restablecer el sentido común una vez más», afirma a la agencia AP Ed Williams, director ejecutivo de Log Cabin Republicans, que representa a los conservadores LGTBIQ+, denunciada en avalancha por las organizaciones progresistas como «colaboracionista» y «rainbow washing«. Williams, incluso, describe las actividades que rodean al Orgullo como una campaña progresista que todo lo cubre, más que una campaña por los derechos civiles en sí. «Si no tienes ganas de protestar ni de oponerte a la administración Trump, el Orgullo no es para ti», denuncia.
Williams afirma que el neoyorquino ha logrado que el Partido Republicano sea más tolerante con las personas homosexuales y destaca que hasta la primera dama, Melania Trump, ha organizado eventos de recaudación de fondos para su organización. Tampoco es la primera vez que muestra detalles de un pensamiento diferente al de su esposo, pues se ha declarado en público partidaria del aborto.
Harrison Fields, subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, ha sido el último en salir al paso de las críticas a la homofibia trumpista: «El movimiento MAGA en general es una gran bienvenida para todos y el hogar de una gran franja del pueblo estadounidense», afirma. «El presidente continúa fomentando un orgullo nacional que debe celebrarse a diario, y se siente honrado de servir a todos los estadounidenses», dijo en rueda de prensa.
Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que este año no habría una proclamación del Orgullo, un gesto formal con el que los mandatarios respaldan a la comunidad. «Puedo decirles que este presidente está muy orgulloso de ser un presidente para todos los estadounidenses, independientemente de su raza, religión o credo», agregó, sin hacer mención de la orientación sexual o la identidad de género.
Los republicanos, al contraataque, lo que hacen siempre es recordar que en 2019, durante su primer mandato, Trump promovió una campaña global para despenalizar la homosexualidad, encabezada por Richard Grenell, entonces embajador de EEUU en Alemania y la persona abiertamente gay de mayor perfil en la Administración. Hoy sigue en su equipo, como enviado para misiones especiales. También es homosexual el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Yo lo llamaría fachada», resume el director de Lambda Legal, sin darle más importancia.
Medida a medida
Las posturas del presidente son transparentes. Los asesores de Trump ya confirmaron que en la campaña para las elecciones de noviembre de 2024 había una directriz clara de aprovechar las guerras culturales en torno a los derechos de las personas transgénero, que a la postre entienden como una de las claves para su victoria. Invirtieron dinero en anuncios dirigidos a hombres jóvenes, especialmente a los hispanos, que atacaban a la candidata demócrata, Kamala Harris, por apoyar «cambios de sexo para presos financiados con fondos públicos», incluyendo un anuncio emitido durante partidos de fútbol americano. «Kamala está con ellos. El presidente Trump está con ustedes», decía el narrador. Surtió efecto.
Ya en el Despacho Oval, no ha dejado de firmar decisiones sobre la comunidad LGTBIQ+, que hace que la mayoría de asociaciones hablen ya de «un mandato decididamente transfóbico». Hay una decisión global de las que emanan todas las demás: la orden ejecutiva que ordena a su Administración «reconocer» la existencia de sólo «dos sexos» definidos al nacer. Supuestamente, busca «defender a las mujeres del extremismo ideológico de género y restaurar la verdad biológica dentro del gobierno federal», según el argumentario de su gabinete, que especifica que «la identidad sexual de las personas» se define desde ahora al nacer.
«Lo que hacemos es afirmar que es política de Estados Unidos reconocer dos sexos: masculino y femenino (…) Estos sexos no son modificables y se basan en una realidad fundamental e incontestable», añadió un decreto publicado por la Casa Blanca y que debe ser implementado por todas las Administraciones federales. «Los fondos federales no deben utilizarse para promover la ideología de género», declara el mismo decreto, que busca «restaurar la verdad biológica».
Otro texto ordena el fin de todos los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) dentro del Gobierno federal, que se crearon porque las comunidades marginadas no siempre han tenido igualdad de oportunidades laborales o académicas ni han asimilado un sentido de pertenencia en entornos corporativos de mayoría blanca. Los primeros programas se empezaron a aplicar en los años 60 del pasado siglo, por poner contexto. En la actualidad, los estudios muestran que muchas empresas priorizan alguna forma de DEI. Según un estudio de 2023 del Pew Research Center, el 61% de los adultos estadounidenses afirma que su lugar de trabajo tiene políticas que se enfocan en la equidad en la contratación, los ascensos o la remuneración. Y el 56% de los adultos estadounidenses afirma que «centrarse en aumentar la diversidad, la equidad y la inclusión en el trabajo es principalmente algo bueno».
No lo ve así el actual Ejecutivo, que entiende que estos no son programas neutrales para aumentar la diversidad, sino herramientas «políticas» que utilizan los recursos de los contribuyentes para promover una ortodoxia partidista específica. Cosas prescindibles de progres, llanamente.
En sus años de exilio de la Casa Blanca, Trump prometió repetidamente acabar con lo que él llama el «delirio transgénero» y, sobre todo, con el acceso de los menores a la terapia hormonal de transición, que ha acabado, claro, en un veto en una orden ejecutiva. Es una obsesión. El texto denuncia que «los hombres se identifican como mujeres y acceden a espacios íntimos y actividades separados por sexos, diseñados para mujeres, en albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica o en duchas para mujeres en el lugar de trabajo».
Según la Campaña de Derechos Humanos, 26 estados de EEUU ya prohíben la terapia hormonal de transición para menores. Según el Instituto Williams de la Universidad de California, aproximadamente 1,3 millones de adultos (el 0,5 % de la población) y 300.000 jóvenes de entre 13 y 17 años (el 1,4 %) se identifican como transgénero en el país, pero apenas una minoría participa en terapia de transición.
Una de las consecuencias concretas de esta política será la eliminación del género «X», que no debe ser masculino ni femenino, para las personas que se identifican como no binarias, «en los documentos oficiales del gobierno, incluyendo pasaportes y visas, que reflejen con precisión el sexo», indicaron funcionarios de la Administración. Esta posibilidad estuvo abierta durante el mandato del demócrata Joe Biden.
Así «será más difícil, si no imposible, para las personas transgénero obtener un pasaporte que marque su identidad de género, y probablemente no podrán cambiar su información con el Seguro Social», declara a la agencia AFP Jami Taylor, profesora de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Toledo (Ohio). «El acceso a la atención de transición también se verá amenazado cuando estén en juego fondos federales. Esto afectará a los beneficiarios de Medicare (personas mayores), Medicaid (personas con ingresos limitados), Tricare (militares) y a quienes reciben atención en prisión», añadió.
Donald Trump prometió durante su campaña ordenar a todas las agencias federales que dejaran de apoyar los tratamientos hormonales de transición de género. También prometió «mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos», una prohibición ya vigente en las escuelas medias y secundarias de aproximadamente la mitad de todos los estados del país.
En el caso de los menores, la orden llegó el 28 de enero y puso fin a la financiación gubernamental para tratamientos de transición de género para menores, tanto químicos como quirúrgicos. El texto promete también oponerse a ella por todos los medios legales posibles. «En todo el país, profesionales de la salud están mutilando y esterilizando a un número creciente de niños influenciables (…). Esta peligrosa tendencia será una mancha en nuestra historia y debe cesar», escribió el presidente en redes. La mitad de los estados de EEUU ya han prohibido los tratamientos para menores que no se identifican con su género de nacimiento.
La orden presidencial, aplicable únicamente a departamentos y agencias federales, establece que EEUU «no financiará, apoyará, fomentará ni asistirá en la llamada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro» y que «aplicará con firmeza todas las leyes que prohíban o restrinjan estos procedimientos destructivos». En detalle, la decisión del presidente republicano prohíbe al gobierno federal financiar centros de salud que realicen estos procedimientos, ya sean quirúrgicos o tratamientos químicos, como los bloqueadores de la pubertad. Los programas de seguro médico Medicaid (para los más pobres) y Medicare (para personas mayores), así como el sistema de seguro médico militar, ya no podrán cubrir estos procedimientos.
El decreto también prevé, entre otras cosas, que el Departamento de Justicia elabore un proyecto de ley con el Congreso que permitiría a los padres e hijos afectados demandar a los profesionales de la salud que hayan realizado operaciones o prescrito tratamientos químicos. Se solicitó a la Corte Suprema, de mayoría republicana y conservadora, que se pronunciara sobre estos tratamientos médicos, que son objeto de un intenso debate en la sociedad estadounidense. El alto tribunal se mostró dividido, pero parece inclinado a permitir que los estados los prohíban.
La persecución a los trans en el Ejército, por su parte, ha sido otra de las más vistosas y jaleadas batallas de Trump. Al final de su mandato, el demócrata Barack Obama decidió permitir que las personas transgénero se unieran a las Fuerzas Armadas, a partir del 1 de julio de 2017. Al asumir el cargo por primera vez, Trump pospuso la fecha límite hasta el 1 de enero de 2018, sólo para revertir por completo la decisión de su predecesor. En 2021, el presidente Biden decidió deshacer la decisión del republicano y finalmente permitir ese alistamiento. Lo hizo apenas cinco días después de llegar al cargo, como carta de presentación de sus valores.
En su segundo mandato, Trump hizo lo mismo pero al revés: siete días después de su toma de posesión, firmó la orden ejecutiva para «liberar» al ejército estadounidense de lo que él llama «ideología transgénero». Hoy, hay aproximadamente 15.000 uniformados transgénero en servicio, de un total de aproximadamente dos millones de efectivos. «Este es el ejemplo número uno de que hay persecución por parte de Trump», resume el rostro visible de Lambda, que recuerda además la orden «mezquina y cruel» del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de cambiar el nombre del buque USNS Harvey Milk, que homenajeaba al mítico activista de los derechos de los homosexuales y veterano de la Marina. Ahora se llamará Oscar V. Peterson, un laureado militar. «Estamos eliminando la política en la bautizo de los barcos», defendió Hegseth en sus redes sociales.
Trump también ha prometido evitar el «adoctrinamiento de soldados estadounidenses con ideologías de extrema izquierda» como la teoría crítica de la raza. Este concepto es utilizado de forma peyorativa por los conservadores para denunciar los cursos de concienciación sobre el racismo, cuando se supone que denuncia en realidad cómo el racismo está arraigado en las estructuras y sistemas legales e institucionales de la sociedad. «Ofreceremos la reincorporación completa a todos los militares retirados de las fuerzas armadas debido a la vacunación obligatoria contra la COVID-19, en su rango y nivel salarial anteriores», aseguró también Trump. Es un pack completo de negacionismo, por todas las vías.
Hila tan fino que incluso ha ido a por los trans al reformular las política de vivienda. En los últimos meses, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha puesto poniendo en su mira la Regla de Acceso Igualitario de la era Obama, que amplió las protecciones para incluir las categorías de orientación sexual y de identidad de género. Quiere a los trans fuera de todos los beneficios sociales posibles, incluso del acceso a albergues para personas sin hogar financiados con fondos federales. «Esta Administración quiere fingir que las personas trans no existen», denunció Hannah Adams, abogada sénior del Proyecto Nacional de Ley de Vivienda, a AP. «No se ajusta a la supuesta misión del HUD de brindar protección a las familias que atraviesan dificultades en este país».
A eso se suma la persecución extra a los migrantes sin papeles en EEUU, porque Trump ha anunciado las mayores redadas de la historia, sin reparare en si la causa de la migración es económica o una cuestión de asilo, cuando el refugio es una obligación fijada por el derecho internacional. Los que hayan escapado de sus países por su condición sexual se ven doblemente amenazados ahora. Lo denuncia Refugees International, en un informe de mayo pasado: «Se ha recurrido a un patrón de desapariciones forzadas para detener, expulsar y deportar a innumerables solicitantes de asilo, sin evaluar sus solicitudes, en flagrante violación de la legislación estadounidense y las obligaciones legales internacionales. Esto incluye a personas que denunciaron haber huido de la persecución gubernamental por sus opiniones políticas, persecución religiosa, ataques contra la comunidad LGTBIQ+, violencia sexual, asesinatos de familiares, amenazas de muerte y otros perjuicios».
El daño es dentro y es fuera de EEUU. La Sociedad Internacional para el Control del VIH/SIDA (IAS) ha alertado de que los recortes de ayuda internacional anunciados por Trump y la salida de EEUU del organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de Naciones Unidas, supone también un riesgo extra para las personas de la comunidad LGTBIQ+. «Pone en riesgo la vida de millones de personas en todo el mundo», afirma en un comunicado. Trump ha vetado cualquier nuevo gasto gubernamental en ayuda exterior y ha cerrado USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés), afectando incluso a subvenciones o contratos en vigor que se han quedado a medio aplicar. «Es una cuestión de vida o muerte (…), se proporciona antirretrovirales vitales a más de 20 millones de personas y suspender su financiación interrumpe su tratamiento contra el VIH. Si esto ocurre, habrá muertes y la epidemia del VIH repuntará», denuncia esta entidad.
Y el daño es material e intangible, también. Porque el republicano se ha propuesto erradicar cualquier referencia a la lucha o la diversidad donde esté a su alcance, aplicando directamente una censura científica que está impidiendo que se lleven a cabo investigaciones médicas o universitarias o una autocensura de los especialistas, que dejan de lado proyectos o determinada terminología por miedo a perder subvenciones. Sólo a finales de enero, Trump ya había logrado que se eliminaran las páginas oficiales sobre VIH y LGTBIQ+ de la web de la Casa Blanca y otros sitios gubernamentales. Él lo llama «sentido común».
El contexto
El enfoque de Trump hacia los derechos LGTBIQ+ se produce en medio de un cambio más amplio de postura entre los republicanos, que se han vuelto menos tolerantes en los últimos años. Conservadores, cristianos en su mayoría, pero ciertamente favorables a ciertas libertades personales. Más partidarios del dejar hacer -aunque sin promocionar- que del perseguir.
Si bien el apoyo general al matrimonio igualitario se ha mantenido estable, según la firma demoscópica Gallup, el porcentaje de republicanos que cree que los matrimonios entre parejas del mismo sexo deberían reconocerse como válidos con los mismos derechos que el matrimonio tradicional descendió al 41% este año. Este es el nivel más bajo registrado desde el año 2016, un año después de que la Corte Suprema dictaminara que el matrimonio igualitario es un derecho constitucional, y una disminución sustancial desde el máximo del 55% de 2021.
Se ha observado una caída similar en la proporción de republicanos que consideran las relaciones homosexuales como moralmente aceptables, que ha bajado del 56% en 2022 al 38% este año. Los demócratas, por su parte, siguen apoyando abrumadoramente el matrimonio igualitario y afirman que las relaciones entre personas del mismo sexo son moralmente aceptables. Es una de sus políticas más firmes.
Otra encuesta de AP-NORC de mayo también reveló que la forma en que Trump aborda las cuestiones transgénero ha sido un punto de relativa fortaleza para el presidente, pese a la avalancha de quejas de las ONG. Aproximadamente la mitad (52%) de los adultos estadounidenses afirmó aprobar su gestión de las cuestiones transgénero, una cifra superior a la aprobación general de su gestión (41%).
Un punto a su favor para seguir insistiendo en ello. Trump sigue orgulloso, un orgullo que lo retrata.
