El esperado informe del comité que el Gobierno creó tras el histórico apagón peninsular del 28 de abril para explicar sus causas “con total transparencia”, en expresión de Pedro Sánchez, oculta, a petición de las empresas, qué instalaciones fallaron.
El Gobierno anunció este martes que publicaría “por la tarde” el informe, que finalmente no hizo público hasta las 23.00 horas de la noche.
Se trata de un documento sin validez jurídica (la participación de las empresas en esta investigación era voluntaria, recuerdan fuentes gubernamentales) y repleto de tachones para preservar la confidencialidad. El informe, de 182 páginas, reparte responsabilidades entre el operador del sistema, Red Eléctrica, y las eléctricas, al concluir que el apagón tuvo un origen “multifactorial” relacionado con problemas de sobretensión.
En concreto, “una combinación de condiciones que llevaron el sistema hasta el punto de que desencadenó una reacción en cadena de sobretensión, no habiéndose identificado un fallo único que pueda explicar por sí solo la caída del sistema”.
Por consejo de la Abogacía del Estado, el informe tiene información “anonimizada” debido a una “obligación de confidencialidad”, “en la mayor parte de las ocasiones” a petición de los actores implicados, de acuerdo con las explicaciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que va a comparecer esta semana en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados.
El documento no señala responsabilidades porque, como dijo Aagesen en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, serán “los procedimientos administrativos” y judiciales los que deban fijarlas, en alusión a las decisiones que en su caso tomen el regulador del sector, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias de investigación. Como trasfondo están las millonarias indemnizaciones en juego que van a reclamar los afectados por el corte.
El origen “multifactorial” de “una situación sistémica de sobretensión que es la que causa la desconexión generalizada de generación”, según el informe, y derivó en el mayor apagón de la historia de España, arranca la víspera. El domingo 27 el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), cuyo mayor accionista (20%) es el Estado, programó la actividad de 10 centrales térmicas (la mayoría, plantas de gas con tecnología síncrona, en el argot del sector) con capacidad para regular tensión en el denominado mercado de restricciones técnicas, donde suelen acudir las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas natural.
Se trata del número “más bajo” de centrales programadas “desde el inicio de año”, destaca el Ejecutivo. Además, se declara indisponible una de esas centrales de gas (no se identifica a ninguna, pero está “en la zona sur”, dice el informe) a las 20.00 horas del domingo; y REE no la repone a partir de las 9.00 de la mañana del día del apagón, lo que apunta a un error de planificación del operador del sistema, aunque, según explicó Aagesen en una entrevista en la SER, “a la vista de las circunstancias y sus simulaciones vieron que no era necesario”.
El lunes del apagón, “algunas” de esas plantas de gas que eran capaces de regular la tensión (y cobran por ello) no lo hicieron y “alguna, incluso, produjo energía reactiva, lo contrario de lo requerido, contribuyendo a incrementar el problema”, según el departamento de Aagesen. De nuevo, no se identifica qué plantas son. Esa información “llegará”, dijo Aagesen en la SER.
La patronal aelec, a la que pertenecen Iberdrola y Endesa, afirmó este martes que tiene “evidencias” de que las centrales de sus socios “han cumplido con los requerimientos regulatorios en materia de control de tensión, como los contempla REE en el proceso de cálculo de restricciones técnicas” o incluso “por encima” de esas exigencias.
Media hora antes del apagón comienzan las dos oscilaciones en el sistema de las que ya advirtió la asociación europea de transportistas ENTSO-e, que también prepara su propio informe. La primera oscilación, “atípica”, tiene origen a las 12.03 en una instalación de generación fotovoltaica en Badajoz que no se identifica. Allí está una de las mayores fotovoltaicas de Europa, la Núñez de Balboa, de Iberdrola, con 500 megavatios de potencia.
Esta planta con “un comportamiento oscilatorio anómalo en el output de potencia activa y reactiva”, según el informe, obliga según Transición Ecológica “a modificar la configuración del sistema, incrementando las dificultades para estabilizar la tensión”. La oscilación tarda 4 minutos y 42 segundos en amortiguarse.
Tras una segunda oscilación más habitual con origen en Europa central, el Operador del Sistema reclama la disponibilidad de una central capaz de contribuir a regular la tensión, “pero fue técnicamente imposible que lo hiciera antes del colapso”: necesitaba hora y media para hacerlo.
A continuación, se desconectaron centrales de generación, “algunas de un modo aparentemente indebido” porque lo hicieron antes de superarse los umbrales de tensión establecidos por la normativa para ello (entre 380 kV y 435 kV en la red de transporte). Una vez iniciada la reacción en cadena, las protecciones habituales del sistema eléctrico no pudieron detener ni contener este proceso.
Algunas de estas protecciones, como los deslastres, “pudieron incluso contribuir al fenómeno de sobretensión al descargar todavía más las líneas, contribuyendo al alza de las tensiones, porque actuaron para compensar la caída de generación y no para gestionar la tensión”.
“En resumen, faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban programados en suficiencia, bien porque los que estaban programados no la proporcionaban adecuadamente, o bien por una combinación de ambos, pero no porque faltaran en el país; había un parque de generación más que suficiente para responder”, según Transición Ecológica.
Este miércoles comparecerá en las oficinas de REE en Tres Cantos (Madrid) la presidenta no ejecutiva de su matriz Redeia, la exministra Beatriz Corredor, junto al consejero delegado, Roberto García Merino, y la directora general de Operación de REE, Concha Sánchez, para presentar el informe del operador del sistema sobre el incidente “en cumplimiento de la normativa vigente”.
Información sin entregar
El Comité ha encontrado “restricciones” a la hora de acceder a toda la información solicitada por parte de varios agentes del sistema, con envío de cartas incluido al sector, como adelantó elDiario.es. Se trata de la información sobre esas desconexiones de generación, según confirmó este martes por la noche Aagesen.
Una vez concluido su trabajo, “y siempre dentro de las condiciones de transparencia y confidencialidad con que se ha conducido, pondrá en conocimiento de la CNMC aquellas cuestiones que merecen ser estudiadas para, en su caso, abrir los correspondientes procedimientos administrativos, con todas las garantías, y todas sus consecuencias”, según el Gobierno.
El informe de la comisión interministerial descarta al fin la teoría del ciberataque que el Ejecutivo mantuvo abierta durante semanas.
El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros un paquete de medidas para incrementar la robustez del sistema eléctrico e insta a la CNMC a que apruebe de una vez el nuevo servicio de control de tensión que según el propio súperregulador está obsoleto y que REE le propuso en 2021. La propia CNMC planteó cambiarla en 2019 y en 2022, tras reconocer “problemas continuos de control de tensión”, decidió ensayar ese nuevo sistema, que permitiría a las renovables regular tensión de manera masiva con menos sobrecoste para el consumidor, con un proyecto piloto. Lo hizo, según dijo tras el apagón la presidenta del súperregulador, Cani Fernández, porque la UE les obligó a hacerlo.
Así, el informe recomienda por un lado la “aprobación e implementación urgente del nuevo servicio del control de tensión”; y, por otro, “acelerar la constitución y adecuada dotación de la Comisión Nacional de Energía” (CNE), el antiguo regulador que absorbió la CNMC en 2013, para contar con un “supervisor especializado y focalizado exclusivamente en el sector energético, a la vista de la elevada complejidad y especificidad del sector, la creciente abundancia y concreción de normativa técnica aplicable, la necesidad de mayor supervisión y transparencia, y la criticidad del sector para el conjunto de la sociedad, de la economía y la seguridad nacional”. El proyecto de ley para recuperar la CNE lleva meses empantanado en el Congreso.
El informe ha sido presentado 49 días después del apagón, “prácticamente la mitad del tiempo que da Europa para que presente su informe a la UE” y mucho antes de lo previsto.
Aagesen había prometido que el documento estaría listo antes de tres meses desde el incidente, pero en los últimos días (en paralelo a la explosión del escándalo de presunta corrupción de Santos Cerdán, ya ex secretario de Organización del PSOE) se han acelerado las reuniones del comité interministerial que ha investigado el corte. Las últimas, el pasado viernes, el domingo y el lunes.
Este órgano presidido por Aagesen y formado “por profesionales estatales de reconocido prestigio” se creó el pasado 30 de abril. Estaba integrado por varios ministerios y ha celebrado 14 reuniones desde ese histórico cero ibérico, que ha provocado acusaciones cruzadas entre las empresas eléctricas (singularmente Iberdrola), y el operador del sistema, con el trasfondo de las multimillonarias indemnizaciones en juego.
En la investigación han participado más de 75 personas repartidas en 6 equipos, “con una coordinación público-privada sin precedentes y 3 niveles de análisis”: el operador del sistema, los centros de control repartidos por el territorio y las instalaciones de generación.
El comité ha analizado millones de datos sobre las operaciones del sistema eléctrico, desde informes técnicos y valoraciones de los operadores a mediciones de variables como la tensión, la frecuencia o la potencia. El informe estructura los hechos en 5 fases: la inestabilidad en la mañana del apagón e incluso los días previos; las oscilaciones entre las 12:00 y las 12:30 del 28 de abril; las pérdidas de generación; el colapso peninsular y la fase de reposición del suministro.
