La causa abierta en el Supremo desde hace ocho meses por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso llega a su fin. Después de las últimas testificales de Alberto González Amador y su abogado, las partes esperan que en las próximas semanas el juez Ángel Hurtado tome una decisión: si el fiscal general del Estado se sentará en el banquillo. Pero los últimos movimientos del instructor y de la Sala de lo Penal han condicionado cómo será un hipotético juicio: repleto de acusaciones populares vinculadas a la extrema derecha y la oposición. El Supremo ha dado entrada a Vox y a HazteOir, que se suman a Manos Limpias y a una fundación vinculada a antiguos miembros del PP y un fundador del partido de Santiago Abascal.
El caso que en la actualidad mantiene imputados al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, arrancó hace más de un año en el Tribunal Superior de Justicia con dos querellas: las del propio Alberto González Amador y la del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que entonces denunciaban que la Fiscalía había revelado datos confidenciales de su caso de fraude fiscal en un comunicado.
La lista de acusaciones populares creció cuando, ya en octubre de 2024, el caso llegó al Tribunal Supremo por el aforamiento del fiscal general. Al empresario y el ICAM se sumaron el pseudosindicato ultra Manos Limpias, la fundación Foro Libertad & Alternativas y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Con el paso de los meses, y tras las últimas decisiones de la Sala y del juez, a esta lista se han sumado los ultracatólicos de HazteOir y la representación legal de Vox.
Cada una ha llegado al proceso de una manera distinta. La personación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso era inevitable al ser el perjudicado y denunciante del caso, y el ICAM forma parte de las diligencias desde su apertura en el Tribunal Superior de Madrid, asegurando que persiguen penalmente la vulneración del secreto profesional del abogado del empresario, Carlos Neira. Una vez en el Supremo, Hurtado añadió tres acusaciones más: la fundación Foro Libertad & Alternativas, que había interpuesto la primera denuncia contra el fiscal general, el pseudosindicato Manos Limpias que también había presentado la suya propia meses atrás y a la APIF, que solicitó la personación en defensa de los intereses de la carrera fiscal.
El caso llevado por Ángel Hurtado se convirtió en una excepción dentro de las causas judiciales que afectan al Gobierno o su Presidente. Solo Manos Limpias representaba a la pléyade de acusaciones populares personadas en diligencias como el caso Koldo o las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez. En un momento dado, incluso, el magistrado se negó a dar entrada a HazteOir porque no alegaba nada más que la defensa de “intereses generales”, lo mismo que ya había esgrimido Manos Limpias en su momento. “Nada puede aportar a la buena marcha del proceso y, sí, en cambio, contribuir a una merma de su agilidad”, dijo Hurtado.
Fue la Sala de lo Penal la que obligó al juez a abrir las puertas del caso de par en par. Los estatutos de HazteOir, justificaron los jueces, hablan del “fortalecimiento institucional y democrático”, también de “la promoción del bien común” y, finalmente, la “defensa de los valores constitucionales”, suficiente según el Supremo para acreditar una “cierta conexión” con el caso y tener un sitio en una de las causas judiciales más sensibles para el Gobierno.
De HazteOir a Vox
La actividad pública de HazteOir, que sus estatutos definen como “la promoción del bien común”, se ha basado en campañas de corte ultracatólico –por ejemplo mandando fetos de plástico a diputados para posicionarse contra el derecho al aborto– y en personarse en causas judiciales de calado mediático. Y el auto de la Sala de lo Penal que permitió a los de Ignacio Arsuaga sentarse en el banco de las acusaciones sirvió también para dar entrada a Vox.
Los de Santiago Abascal se dirigieron por escrito al Tribunal Supremo a finales de mayo. Con casi todas las diligencias completadas o encargadas y con un escrito de dos folios sin ningún argumento que justificara su personación. La respuesta del juez, después de que la Sala le obligara a aceptar a HazteOir, fue explicar que mantendría la división en bloques de las acusaciones: la pareja de Ayuso, el ICAM, Manos Limpias y la APIF de forma autónoma y el resto bajo la dirección de la fundación Foro Libertad & Alternativas.
En la práctica, esto implica que tanto HazteOir como Vox tienen acceso a toda la causa. Las declaraciones de testigos e imputados, los escritos que han presentado y todos los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incluyen, por ejemplo, los mensajes de la fiscal Pilar Rodríguez. Al estar bajo el mando de la fundación Libertad & Alternativas, sus abogados tampoco comparecerán personalmente en las diligencias, algo ya sin relevancia al haber terminado prácticamente la instrucción y quedar solo pendiente un hipotético juicio.
Las últimas decisiones del Supremo amplían la presencia, por tanto, de acusaciones de extrema derecha o vinculadas de forma directa o indirecta a PP y a Vox. Manos Limpias, cuyas denuncias basadas en recortes de prensa han propiciado la apertura de las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez, está representada en esta causa por el abogado Víctor Soriano i Piqueras, que tal y como explicó elDiario.es compagina su trabajo como abogado con el de asesor a sueldo del Partido Popular en el Senado.
Además del propio partido de Santiago Abascal, la causa cuenta también con la presencia de la fundación Foro Libertad & Alternativas, que cuenta entre sus filas con Alejo Vidal-Quadras (antiguo eurodiputado del PP y fundador de Vox), Daniel Portero (víctima del terrorismo y diputado del PP en Madrid), Jaime Mayor Oreja (exministro con José María Aznar), María San Gil (expresidenta del PP vasco) o el filósofo Fernando Savater (que cerró la lista del PP a las últimas europeas).
La causa se une a la tónica general de las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez, con numerosas acusaciones vinculadas a PP, Vox y la extrema derecha, pero con una salvedad: las diligencias contra el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid ya se han agotado y solo queda saber si Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez se sentarán en el banquillo.
